Navarra: El Parlamento implanta un protocolo para prevenir y abordar situaciones de acoso sexual


El Parlamento de Navarra ha impulsado un protocolo para la prevención y abordaje de las situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y cualquier otra forma de acoso, una iniciativa “importante” que tiene como objetivo “establecer medidas preventivas, así como regular el procedimiento de actuaciones” ante este tipo de situaciones.

El proyecto se enmarca en el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Parlamento de Navarra y es una de las acciones implementadas en este primer año de ejecución. El documento ha sido presentado este mediodía por la Presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez; Begoña Murgialdai, Nerea Ereñaga y Silvia Díaz, de la consultora Murgibe; y Paulina Cuello, trabajadora del Parlamento.

El protocolo será de aplicación a la totalidad del personal del Parlamento de Navarra (personal funcionario, contratado y eventual), unas 54 personas, y a los trabajadores de entidades externas que presten sus servicios en el Parlamento de Navarra.

Del mismo modo, se aplicará a aquellas personas que hagan uso de las instalaciones de la Cámara y que consideren que han sido objeto por parte de su personal de acciones que encuadradas dentro de la definición de acoso psicológico, sexual, por razón de sexo o cualquier otro tipo de acoso o violencia. Quedan excluidos, por su condición de aforados, los Parlamentarios/as.

Por otra parte, en el caso de que la autoría del acoso sea atribuida a una persona trabajadora de una empresa externa, el Parlamento de Navarra se dirigirá a la empresa o entidad externa, a fin de que adopte las medidas oportunas que eviten radicalmente la situación de acoso.

A su vez, el protocolo contempla actuaciones de prevención contra las diferentes modalidades de hostigamiento y, en ese sentido, establece dos las vías para la resolución de las situaciones de acoso. La primera, mediante un procedimiento interno que incluye la aplicación de la vía disciplinaria. Y la segunda, a través de la vía judicial penal.

La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez Igarza, ha puesto en valor que el objetivo de esta “importante” iniciativa es “establecer medidas preventivas, así como regular el procedimiento de actuaciones” ante situaciones de acoso sexual o razón de sexo y ha asegurado que a través de este protocolo “se posibilitará el derecho de todas las personas, hombres y mujeres, a disfrutar de un ambiente de trabajo exento de violencia”.

A tal objeto y según ha explicado, “se establecen unas medidas que pasan por la prevención, pero también por la formación, pues ambos son aspectos imprescindibles para erradicar este tipo de situaciones propias del entorno laboral, entorno al que no es ajeno el ámbito parlamentario, pese a que durante mucho tiempo ha permanecido oculto, inserto en lo privado”.

Para la resolución de las situaciones de acoso, el protocolo establece un procedimiento de actuación interno que se basa en tres fases, ha detallado Nerea Ereñaga. La primera de ellas es una denuncia, a instancias de la secretaría general, que se remitirá en sobre cerrado al equipo de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Navarra, órgano encargado de asesorar y apoyar en todo momento a la supuesta víctima.

En el supuesto de que, por razón de su contenido, no se admita la denuncia , el proceso se detendría en ese punto. Pero en el caso de que el servicio de Prevención de Riesgos Laborales estime que existen indicios suficientes de acoso, se daría comienzo al procedimiento.

En ese momento, ha expuesto Ereñaga, “se entraría en la segunda fase, que consistiría en la fase de investigación“, la cual consta de un procedimiento informal “siempre que la supuesta víctima esté de acuerdo, puesto que implica reunirse con la persona supuestamente acosadora”, un encuentro cuyo principal objetivo sería “llegar a un acuerdo, donde se identificara la molestia o persecunción que se ha sufrido y el arrepentimiento de la persona que lo ha originado”.

Si en dicho encuentro no se lograra acuerdo alguno, se procedería al procedimiento formal, en el que la investigación queda en manos del propio servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno, que se encargaría de entrevistar a ambas partes y a todos los testigos posibles.

En función de ello, emitirá un informe de valoración final en el que la denuncia de acoso puede quedar archivada; tipificarse como falta o, si se determina que la persona denunciada ha realizado un acto de acoso, se tomarían medidas tanto organizativas como incoativas y se llevaría a cabo un acompañamiento a la víctima.

Además, existe otra vía independiente como es la posibilidad de iniciar una denuncia en la vía judicial penal.

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